¿Puede la empresa indemnizarte por retrasar el protocolo de acoso laboral aunque se archive tu caso?

Un protocolo antiacoso no cumple su función por el mero hecho de existir o estar guardado en un cajón. La ley exige que se active con rapidez, sea tramitado por personas capacitadas y ofrezca una respuesta efectiva en los plazos previstos. La reciente Sentencia 3073/2026 del TSJ de Galicia ha marcado un precedente demoledor para las empresas: una demora injustificada al investigar una denuncia vulnera la integridad moral del trabajador y causa un daño indemnizable.

Lo más sorprendente de esta resolución es que la justicia obliga a indemnizar a la víctima incluso cuando la investigación interna concluye que no existió el acoso denunciado.

El caso real: La odisea de 44 días de silencio y seis meses de espera

Para entender la gravedad de la inactividad empresarial, debemos analizar los hechos probados de esta sentencia. La protagonista es una trabajadora, ayudante de sala desde el año 2006, que presentó una denuncia por acoso a través del canal ético de su empresa el 4 de noviembre de 2024.

A partir de ahí, la empresa cometió una cadena de errores fatales en la gestión de los tiempos:

• Silencio inicial: El protocolo interno obligaba a informar a la trabajadora sobre el estado de su denuncia en un plazo máximo de 30 días naturales. Sin embargo, la primera comunicación no llegó hasta el 18 de diciembre (44 días después), coincidiendo con la constitución de la comisión investigadora.

• Ampliaciones injustificadas: Desde ese mismo instante, la empresa amplió preventivamente el plazo ordinario de investigación (que era de tres meses) por otros tres meses más, excusándose en la «complejidad del asunto».

• Desconexión total: Pese a la supuesta urgencia, la empresa no contactó con la denunciante para ratificar su relato hasta el 6 de marzo de 2025.

• Resolución tardía: Las conclusiones provisionales no se comunicaron hasta el 25 de abril, y el archivo definitivo del caso (por no apreciarse elementos suficientes de acoso laboral) llegó el 12 de mayo, superando incluso el límite máximo de seis meses fijado en su propio protocolo.

Ante este escenario, el Juzgado de lo Social núm. 1 de Ferrol dio la razón a la trabajadora: declaró extinguida la relación laboral obligando a la empresa a pagar una indemnización equivalente a la del despido improcedente (38.081,59 euros) y añadió, de forma independiente, una indemnización de 3.750 euros por los daños y perjuicios morales causados por el retraso. El TSJ de Galicia confirmó íntegramente esta última condena.

¿Por qué un retraso injustificado en la investigación genera daños morales?

La justicia lo tiene claro: la urgencia no es un mero trámite formal, es un elemento esencial de cualquier protocolo antiacoso. Prolongar la incertidumbre intensifica la angustia de quien denuncia, dificulta la obtención de pruebas y destruye la confianza de la plantilla en los sistemas de la empresa.

El tribunal basó su condena en una sólida base legal, recordando que esta inactividad vulnera el derecho a la integridad física y a una política adecuada de prevención (artículo 4.2.d del Estatuto de los Trabajadores), así como el deber empresarial de proteger la seguridad y salud (artículos 14 y 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) y el artículo 15 de la Constitución.

Para calcular la indemnización de 3.750 euros, el TSJ consideró que la cuantía era moderada y acudió a las sanciones previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para orientar la valoración del daño moral.

¿Pierdo mi derecho a reclamar si estoy de baja médica o si archivan la denuncia?

No. Durante el juicio, la empresa intentó defenderse utilizando dos argumentos muy comunes que el TSJ de Galicia desmontó por completo:

• «La denuncia de acoso fue archivada»: El expediente interno concluyó que no había pruebas suficientes para calificar los hechos como acoso laboral, pero la indemnización se mantuvo. El tribunal sentenció que el deber de investigar diligentemente es autónomo respecto al resultado de la investigación. Confundir ambos planos dejaría a la víctima desprotegida durante el tiempo que más necesita la acción preventiva.

• «La trabajadora ya estaba de baja por ansiedad»: La empresa alegó que la empleada estaba en incapacidad temporal por contingencias comunes y fuera del centro de trabajo. La Sala rechazó esta excusa, afirmando que el daño indemnizado no era la enfermedad previa, sino la incertidumbre y la desazón provocadas por la espera injustificada. Este perjuicio existe aunque no estés prestando servicios activamente.

¿Qué pruebas necesito guardar si mi empresa paraliza el protocolo antiacoso?

Si estás viviendo una situación similar, la cronología es tu prueba central. Para que abogados especialistas como nuestro equipo en Morellawyers puedan exigir esta responsabilidad indemnizatoria, es vital que conserves:

• El justificante íntegro de presentación de la denuncia en el canal ético.

• El texto del protocolo interno que estaba vigente en la fecha de tu denuncia.

• Todos los acuses de recibo, correos electrónicos y mensajes cruzados con recursos humanos o la comisión instructora.

• Notificaciones de ampliaciones de plazo o cambios de instructor.

• Documentación médica (si la espera te genera síntomas de ansiedad o agrava un cuadro previo, asegúrate de que tus informes clínicos reflejen que el desencadenante es la paralización de tu caso).